ICOMP

Google impuso el pasado 1 de marzo su nueva política de privacidad a los millones de consumidores que, diariamente, utilizan sus productos. Ello lo ha hecho ignorando la fuerte oposición por parte de los grupos de consumidores y las exigencias de diversas autoridades de protección de datos en Europa y otros lugares para que retrase la implementación de las políticas.  Esta nueva política permite a Google combinar prácticamente todos los datos de usuarios que recoge a través de sus más de 60 productos diferentes para explotarlos con el fin de vender publicidad personalizada. Al tiempo que mucha gente razonable puede estar en desacuerdo sobre los diferentes méritos de una política de privacidad con respecto a otra, la decisión de Google de continuar con estos cambios, a pesar de las objeciones de consumidores y reguladores, demuestra, una vez más, el deseo del gigante de Internet de actuar como si estuviera por encima de la ley y de adoptar una postura de ‘actuar ahora, arreglar después’.

En una carta enviada a principios de pasada semana a Google por parte de la Autoridad de Protección de datos francesa (la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades o CNIL) en nombre de las Agencias de Protección de Datos europeas, destacaban que los cambios introducidos hoy es probable que estén en a punto de infringir la legislación europea de protección de datos y pidió a Google que aplazase su ejecución hasta después de completar su revisión. La Comisaria Europa de Justicia, Viviane Reding, dio la bienvenida a la petición de CNIL, destacando que “las empresas que ofrecen servicios a los consumidores en la UE debe seguir las normas europeas de protección de datos… Google debería demorar la introducción de su política de privacidad hasta que las preguntas sobre su cumplimiento de las normas comunitaria sean resueltas”.

Al rechazar estas solicitudes, Google argumenta que cualquier demora podría confundir a los usuarios. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por la organización británica de privacidad Big Brother puso de manifiesto que casi la mitad de los usuarios de Google en el Reino Unido no eran conscientes de los cambios, y sólo el 12% ha leído la nueva política que, de acuerdo a la CNIL, es difícil de entender, “incluso para los profesionales entrenados de privacidad”. Teniendo en cuenta que pocos usuarios han leído, y mucho menos entendido, cómo la nueva política de privacidad les va a afectar, es difícil ver cómo el retraso en su aplicación, con el fin de proteger la privacidad del usuario, causaría perjuicio a los consumidores. Por otra parte, es sorprendente que Google justifique su comportamiento mediante una vaga referencia a los intereses de los consumidores, sin tener en cuenta las objeciones de las organizaciones de consumidores sobre los cambios, que causarán verdaderos daños al consumidor.

La Unión Europea está evidentemente interesada ​​en garantizar que se les de opciones a los usuarios, cuando se trata de la forma en que su información es recopilada y utilizada por las empresas. Los cambios que Google ha introducido hoy reducen dichas opciones. Más preocupante es que los usuarios de teléfonos Android, que se oponen a la nueva política, no tengan otra opción que comprar un nuevo teléfono inteligente. En su intervención en el Mobile World Congress de Barcelona la pasada semana, Eric Schmidt, declaró: “Si Google lo hace bien, habrá un Android en todos los bolsillos.” Podía haber añadido que esto permitirá a Google realizar un seguimiento de todos en todas partes, y aprovechar esta información para dar a Google un beneficio exclusivo.

Google también afirma que esta nueva política de privacidad beneficia a los usuarios. No hay duda de que la personalización de los servicios y la información pueden tener beneficios; y muchos miembros de ICOMP apoyan la capacidad de proporcionar esa personalización. Sin embargo, la verdad es que al hacer estos cambios Google está tratando de crear perfiles completos de los usuarios -algo que la compañía ya había dicho que no iba a hacer- con el objetivo de aumentar los ingresos por publicidad y los beneficios. En realidad, Google es una empresa de publicidad, impulsada por la necesidad de seguir aumentando los ingresos en este ámbito, y su producto principal son sus usuarios.

Instamos a Google a que preste atención a las peticiones de los reguladores europeos y grupos de consumidores para retrasar la ejecución de su nueva política de privacidad. Ninguna empresa está por encima de la ley, y la negativa de Google a hacer lo correcto en este caso es una medida innecesariamente agresiva, que podría tener efectos negativos a largo plazo, no sólo para Google, sino también para el ecosistema de Internet.

Saludos,

Secretariado de ICOMP

Las autoridades de protección de datos y Google han colisionado con respecto a la introducción de las nuevas políticas de privacidad de Google el día 1 de marzo.

Escribiendo en nombre de las demás autoridades de protección de datos de la Unión Europea (unidas bajo el titular del llamado Article 29 Working Party), el presidente de la Autoridad de de Protección de Datos Francesa (la Commission Nationale de l’lnformatique et des Libertes – Comisión Nacional de la Informática y las Libertades, CNIL) ha escrito a Google reiterando las peticiones previas para que la compañía no implante las nuevas políticas hasta que se haya llevado a cabo una revisión completa sobre su legalidad.

La carta expone tanto los resultados de una revisión preliminar como una planificación para proseguir en la investigación. En particular, el Presidente de la CNIL afirmó que: “La CNIL y las autoridades de protección de datos de la Unión Europea están profundamente preocupadas por la combinación de datos personales procedentes de diferentes servicios.” Poseen claras dudas sobre la legalidad y justicia de tal acción, así como de su cumplimiento de la legislación de Protección de Datos de la Unión Europea. La carta también describe diversas formas en las que las nuevas políticas carecen de transparencia y claridad y son injustas para los usuarios.   

La carta del CNIL aborda claramente las sugerencias previas de Google en las que mencionaba que había aclarado previamente sus nuevas políticas con las autoridades de protección de datos: lamentamos que Google no haya aprovechado la oportunidad de consultar con las autoridades antes de anunciar su nueva política de privacidad el pasado 24 de enero de 2012. En contra de las declaraciones públicas de representantes de Google que sugieren que las autoridades de protección de datos de la Unión Europea han sido “informadas previamente de forma extensa”, no todas lo fueron, y aquellas que recibieron información sólo conocieron los cambios unos pocos días antes del anuncio. En el mejor de los casos, fueron testigos de los contenidos de la nueva política de privacidad  horas antes de su publicación, sin oportunidad de proporcionar un feedback constructivo. 

Se mire por donde se mire, esto parece ser un movimiento extremadamente agresivo por parte de Google. La compañía parece dispuesta a utilizar su poder de monopolio para imponer nuevas reglas de protección de datos sobre los usuarios, a sabiendas de que son injustas y carentes de transparencia. Además, ha irritado especialmente a las autoridades de protección de datos al afirmar que llevó a cabo contactos previos, que parecen ser inciertos (tal y como respondió a Leveson Inquiry, afirmando que sus políticas habían sido aplaudidas por la Comisión Europea, a pesar de afirmaciones categóricas de la Comisaria Reding acerca de que no habían tenido tiempo de estudiarlas). Finalmente, la llamada a la suspensión de las políticas ha sido reiterada por las autoridades del modo más claro posible.

Esto supone una oportunidad importante para que usuarios, reguladores, políticos y otros stakeholders hagan públicas sus preocupaciones sobre el comportamiento de Google. Durante los próximos días veremos si Google intenta negarlo e ignora descaradamente a las autoridades a cargo de asegurar la protección de los consumidores europeos y el respeto de la ley europea. Las implicaciones son enormes y van mucho más allá de la propia privacidad. 

David Wood,
Asesor Legal de ICOMP

Andrés Font Galarza, Portavoz de ICOMP para España, ha celebrado hoy la conferencia “La Industria de las Búsquedas en Internet”, en el marco de FICOD 2011 (Foro Internacional de Contenidos Digitales), la feria más importante del sector en España. 

El taller ha analizado la problemática de las prácticas monopolísticas y el impacto directo en el desarrollo de la libre competencia en este ámbito, pues el dominio de la puerta de entrada a Internet por un solo operador resulta insostenible desde un punto de vista legal, político y económico. 

En este sentido, ICOMP considera que el monopolio de Google está provocando graves daños a editores de contenido, anunciantes y empresas competidoras que pueden ofrecer soluciones innovadoras alternativas y enriquecer el sector. 

Además, el impacto negativo de este tipo de prácticas sobre los consumidores es aún mayor, ya que se ven privados de la garantía de acceso neutral a bienes y servicios que se ofrecen en Internet como consecuencia del conflicto de intereses existente entre Google y negocios competidores de sus actividades propias. 

Todo ello influye e impide de forma directa el desarrollo de una industria sana y competitiva, y bloquea uno de los motores de financiación fundamentales de la innovación y el contenido de la Red, la publicidad, que se posiciona como el impulsor del entorno digital actual y futuro, siempre que se den las condiciones de justa competencia. 

Google se enfrenta en la actualidad a diversas demandas en el ámbito europeo por haber presuntamente incumplido su responsabilidad como empresa en posición dominante de garantizar que su conducta no afecta a la competencia (Artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), habiendo afianzado su dominio en los mercados de búsqueda, publicidad en buscadores y actividades relacionadas. Aprovechando esta situación de mercado, también se ha introducido en nuevos mercados, y en particular, en los de publicidad y motores de búsquedas en dispositivos móviles. Todo ello en un contexto de  de adquisiciones agresivas y denuncias sobre prácticas de exclusión y explotación. 

La acción de los reguladores competentes se hace necesaria para garantizar la competencia y el libre acceso de opiniones a anunciantes, editores de contenido digital o consumidores.

El testimonio de Eric Schmidt ante el Subcomité del Senado de Estados Unidos el pasado 21 de septiembre dice mucho sobre la estrategia de autodefensa planeada por Google ante un considerable número de investigaciones sobre ley de competencia. Resumiendo, la defensa afirmó que Google no tiene poder en el mercado y sólo está tratando de mantener a sus clientes satisfechos. ICOMP y sus miembros consideran que estos puntos principales de la defensa no tendrán éxito.
Numerosas autoridades de competencia –incluidas la Comisión Europea y las dos organizaciones antimonopolio más importantes de los EEUU, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio – ya han percibido que Google tiene en efecto un poder en el mercado lo suficientemente alto como para ser necesario aplicar a esta compañía una responsabilidad especial que evite mayores daños a sus competidores. Esto fue incluso reconocido por el Doctor Schmidt en las observaciones orales que realizó en su comparecencia.
Con respecto a un posible perjuicio a consumidores y competidores, ICOMP considera que ha quedado ampliamente demostrado que, a lo largo del tiempo, Google ha llevado a cabo diversas acciones concretas para eliminar las amenazas de la competencia surgidas en múltiples direcciones, tales como búsqueda vertical, mapas, videos y viajes. Lejos de beneficiar a sus clientes, Google ha ido erosionando la elección del consumidor hasta poner barreras para evitar la aparición del ‘próximo Google’.
Este cambio de dirección a lo largo del tiempo fue ampliamente recogido en los comentarios escritos del Dr. Schmidt ante el Senado. Recordó que PageRank, el invento original de Page y Brin, tenía por objeto “identificar los sitios web más relevantes para cualquier consulta dada.” Sin embargo, este objetivo ha sido pervertido con el transcurso del tiempo. Según el Dr. Schmidt, el objetivo ahora es “proporcionar respuestas relevantes tan pronto como sea posible.” En lugar de ofrecer las respuestas más relevantes, Google pretende ahora proporcionar “la información que los consumidores encuentren más útil.”
¿Importan estos cambios aparentemente sutiles? Sí. Enmascaran una transformación fundamental en la naturaleza del negocio de Google. Tratan de camuflar una campaña sostenida para emplear el abrumador dominio de la plataforma de búsqueda de Google con la intención de dañar la capacidad de los competidores directos e indirectos (incluyendo motores de búsqueda de la competencia, proveedores de búsqueda vertical y creadores de contenidos audiovisuales) para llegar al público y dar a la audiencia servicios y contenidos innovadores.
El poder monopolístico de Google en búsquedas y publicidad de búsqueda está siendo utilizado continuamente para extender y aprovechar el poder de Google en buen número de las áreas que están surgiendo en el ecosistema online. La sesión del Senado ha ayudado a arrojar luz, no sólo sobre las prácticas comerciales de Google sino, más importante, sobre cómo su estrategia de defensa ha tenido que modificarse para reflejar las nuevas y agresivas prácticas empresariales que están siendo implementadas.