ICOMP: Initiative for a Competitive Online Marketplace

La jueza de Madrid Raquel Fernandino ha citado a Google a presentarse en octubre ante el juzgado para investigar si la empresa interceptó, de manera ilegal, datos privados transmitidos desde redes inalámbricas inseguras mientras recolectaban imágenes para su servicio Street View. La investigación examinará los mecanismos que se utilizaron para recoger los datos, el uso de los mismos y el número de ciudadanos afectados, además de averiguar si la información reunida incluye dirección IP y MAC, direcciones de correo electrónico y contraseñas.

El Mundo publicó que, según argumenta la acusación, si el comportamiento de Google se considerara aceptable (tanto moral como legalmente), daría carta blanca a sus competidores para ‘espiar’ y recolectar información, que debería ser de carácter privado, para obtener una ventaja competitiva.

El papel de la privacidad como un parámetro influyente en la competencia fue objeto de debate por parte de las agencias antitrust europeas en el año 2008, al tiempo que la Comisión Europea pronunciaba su decisión con respecto al caso de Google/Double Click.

La Comisión Europea abrió la puerta a la fusión; aquellos que defendían su autorización se encargaron de llevar a cabo una interpretación selectiva de la decisión en lo concerniente al campo de la privacidad y la competencia. Interpretaron la decisión como un precedente para cualquier juicio futuro sobre privacidad y competencia.

No obstante, este debate no ha terminado. Es interesante resaltar que aquellos que excluyen la privacidad como un factor para cualquier caso de anti competencia, están obligados a depender de argumentos de mercado rígidos, y definiciones limitadas de competencia. Así, esos defensores se contradicen a sí mismos al ignorar el claro valor económico y de mercado de los datos recogidos, que puede proporcionar una ventaja competitiva clave. Aún más obvio es que los defensores de la exclusión de la privacidad de los parámetros de competencia, verán difícil referirse al objetivo último de la política sobre competencia, esto es, el bienestar del consumidor.

La realidad es que actualmente no hay obstáculos legales para incorporar la privacidad en el debate sobre competencia en la Unión Europea y que, de hecho, la privacidad debería ser un componente esencial de las leyes de competencia. Sería sorprendente si los reguladores europeos de la libre competencia ignorasen tal elemento en el mercado de las telecomunicaciones, el cual no sólo es valioso para los consumidores europeos sino también a la Agenda Digital de la Comisión Europea. Si la Comisión Europea no actúa al respecto, otros organismos nacionales y entidades estarían dispuestos a ocupar el terreno para defender los derechos de los consumidores en sus respectivas jurisdicciones.

En definitiva, todo esto no trata sobre los límites técnicos del derecho de la  competencia, en particular en presencia de posiciones de dominio de mercado exageradas, iniciativas comerciales que discriminan o conflictos de interés para los consumidores, sino sobre la toma de decisiones en una política de libre competencia. No es si se puede sino si se quiere.

Andrés Font Galarza
Portavoz de ICOMP España

Andrés Font Galarza, socio de Gibson Dunn & Crutcher LLP, ha sido nombrado recientemente portavoz de ICOMP para España, plataforma sin ánimo de lucro formada por diferentes empresas a nivel mundial que aboga por la transparencia en Internet.

Andrés, abogado experto en asuntos de antimonopolio y competencia, fue, durante 15 años, un alto funcionario de la Comisión Europea que ejerció sus funciones en particular dentro de la Dirección General de la Competencia. Actualmente, ejerce internacionalmente como abogado desde Bruselas, siendo Gibson Dunn & Crutcher LLP, uno de los bufetes con mejor reputación en el ámbito de monopolio y regulación, sobre todo en los sectores de las TI, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

El nuevo portavoz español para ICOMP, cuenta con una dilatada experiencia en cuestiones de competencia relativas a las concentraciones económicas, empresas en participación, derechos de propiedad industrial, distribución comercial aplicada al comercio por internet, monopolización y cárteles. Su largo bagaje en materia de derecho de la competencia y en asesoría sobre reglamentación en internet, le convierte en el candidato idóneo para representar a ICOMP en nuestro país.

El pasado martes, 15 de junio, las principales asociaciones españolas del sector videográfico transportaron hasta el Congreso de los Diputados 40.000 firmas a lomos de un burro, como símbolo de la lentitud con la que, en su opinión, se está desarrollando la disposición de la Ley de Economía Sostenible que deberá protegerles de la piratería.

Mediante la presentación de las firmas, solicitan una ‘legislación urgente’ frente a las copias ilegales y la distribución fraudulenta por Internet de material audiovisual. A la cita acudieron los máximos responsables de las asociaciones españolas de Empresas de Video (AEVIDEO), de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico (ANEMSEVI) y de la Videográfica Española Independiente (AVEI), en representación de toda la cadena de distribución del sector videográfico.

El sector videográfico español, basándose en los datos que manejan dichas asociaciones, teme por su continuidad. En este sentido, en los últimos meses, el 15% de los casi 4.000 videoclubs que permanecían operativos en España se han cerrado, habiéndose perdido 1.800 puestos de trabajo y habiendo acumulado unas pérdidas de cerca de 10 millones de euros en lo que llevamos de 2010. Si se tienen en cuenta los últimos cuatro años, el sector ha experimentado el cierre del 50% del total de videoclubs, lo que ha supuesto la destrucción de 40.000 puestos de trabajo.

La distribución de copias ilegales de productos videográficos a través de internet entraría en conflicto con el 4º principio de ICOMP, que habla del Derecho a la Propiedad Intelectual. Este principio se basa en el respeto de las partes interesadas a los derechos de autores y editores, promoviendo las inversiones en innovación y la aparición de modelos empresariales legítimos y sostenibles en Internet, fomentando al mismo tiempo la creatividad de los creadores de dichos contenidos.

La Biblioteca Digital de Google se ha convertido en uno de los temas más candentes del panorama internacional en los últimos meses. La intención del buscador es la de digitalizar las obras publicadas el 5 de enero de 2009 o con anterioridad a esta fecha en todo el mundo, a menos que el titular de derechos de autor en cuestión decida ser formalmente excluido. Estarían incluidas las llamadas “obras huérfanas”, que están protegidas por derechos de autor, pero cuyo autor no ha sido localizado.

A las críticas que ha recibido el buscador a nivel mundial se han sumado las de la Open Book Alliance, que ha presentado un comunicado a través de la abogada Cynthia Arato, quien representa a autores de países como Italia, Austria y Nueva Zelanda. El comunicado afirma que si el acuerdo entre Google y los editores norteamericanos para la creación de una inmensa biblioteca digital llega a buen puerto, se violarían tratados internacionales de copyright y se producirían contradicciones con acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Arato afirma que los autores que entren a formar parte de dicho acuerdo renunciarían de por vida a demandar al buscador por infringir el Copyright, y que el procedimiento establecido por Google para que los autores tengan que manifestar expresamente su desacuerdo para formar parte de la Biblioteca Digital es “pesado” y complica los trámites en exceso.

Por su parte, el buscador afirma que la creación del Book Rights Registry tiene como objetivo compensar a los autores por sus derechos, ya que permitirá compartir parte de los ingresos que se generen con el acceso a las obras digitalizadas.

La digitalización de obras para la Biblioteca Digital entraría en conflicto con el 4º principio de ICOMP, que habla del Derecho a la Propiedad Intelectual. Este principio se basa en el respeto de las partes interesadas a los derechos de autores y editores, promoviendo las inversiones en innovación y la aparición de modelos empresariales legítimos y sostenibles en Internet. La digitalización de obras escritas que se pretende con la Biblioteca Digital vulnera dichos derechos de Propiedad Intelectual, atentando contra los derechos de los autores, en detrimento de la creatividad e innovación en el mundo editorial.
Puede consultar los Principios de ICOMP pinchando aquí.

Muchos en Estados Unidos y Europa se sorprendieron cuando un funcionario alemán consiguió la admisión, por parte de Google, en relación a que la compañía – sistemáticamente, a lo largo de más de tres años- había recopilado información privada de consumidores, empresas y gobiernos sobre redes Wi-Fi inseguras. En su blog oficial, Google admitió que esto había confundido a los usuarios y a las agencias de protección de datos. A pesar de afirmaciones previas en sentido contrario, Goolgle admitió que durante su recorrido por Europa (y también por Estados Unidos) para hacer fotografías para su aplicación “Street View”, Google también recogió muestras de datos relevantes (ej. e-mails y documentos) desde redes Wi-Fi abiertas (ej. sin protección con contraseña). Las declaraciones de Googgle afirmando que se hicieron “por error” y que “nunca se usaron estos datos en ningún producto de Google” dejan muchas preguntas sin respuesta.

Algunas de estas preguntas han sido ahora remitidas a la Comisión por un miembro del Parlamento Europeo, Alexander Alvaro (ALDE, Germany). Tras haber señalado que muchos de los datos interceptados pueden ser personales, según la Ley Europea, y que fueron interceptados sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios afectados y como consecuencia muchas reglas de los estados miembros en la implementación de la Directiva sobre Protección de Datos y la Directiva sobre Privacidad online pueden ser infringidas, Mr. Alvaro pregunta al respecto:

1. ¿Qué acciones llevará a cabo la Comisión para asegurar que ningún dato personal sea destruido lo que seria una evidencia potencial en cualquier procedimiento criminal o civil?

2. ¿Ha contactado la Comisión con las autoridades de Protección de Datos en Alemania u otros estados miembros para determinar qué acciones están llevando a cabo y qué infracciones en las reglas de Protección de Datos han ocurrido en sus respectivas jurisdicciones?

3. ¿Actuará la Comisión para apoyar a las autoridades de Protección de Datos de los estados miembros en las investigaciones al respecto y asegurar que las normas de privacidad europeas son reforzadas y los ciudadanos europeos protegidos?

4. Si se confirma que Google ha infringido las reglas europeas sobre Protección de datos, ¿de qué manera actuará la Comisión?

Peter Schaar, el funcionario de la oficina federal de protección de datos de Alemania que sacó las prácticas de Google a la luz, junto con el Profesor Johannes Gaspar de la agencia de protección de datos en Hamburgo, se preguntan cómo una compañía de estas dimensiones puede usar un producto que recopila una gran cantidad de información privada sin darse cuenta de su actuación. Schaar fue más lejos, preguntado como esto queda reflejado en el compromiso de Google en relación a la protección de datos. Como ha señalado, el “error” de Street View se une a otros ejemplos en los que Google lanzó productos o servicios que tenía serias carencias de privacidad y no han respetado las reglas mínimas de protección de datos. Unos días después del lanzamiento de su buscador Chrome, Google ajustó la privacidad de sus productos tras las protestas de consumidores y reguladores. Aún así, Google lanzó Buzz- de nuevo, un producto no preparado para cumplir con las obligaciones legales de salvaguardar la información personal de sus clientes.

En su “Agenda Digital para Europa” que se lanzó ayer, la Comisión Europea reiteró que los derechos de privacidad y protección de datos personales son derechos fundamentales en la Unión Europea. Se debe aplicar de manera efectiva con el máximo de significados posibles. Según la Comisión, esto significa que debería abarcar de forma amplia la aplicación del principio de “Privacidad por Diseño” en tecnologías ICT relevantes con sanciones disuasorias, si fuera necesario. Si la sucesión de los desastres de privacidad mencionados antes muestra una cosa, es que a pesar de las declaraciones públicas de Google, la privacidad todavía dista de ser una de las mayores preocupaciones de Google. Parece que como si la invasión en la privacidad fuera una intención en muchos de los productos Google lanzados últimamente.

Como en casos anteriores, el CEO de Google, Eric Schmidt no parece que piense mucho en los problemas actuales. En situaciones anteriores, Schmidt negó que fuera una falta de Google, culpando a los usuarios en su lugar. “Si quieres mantener tu privacidad, quizá no deberías hacerlo” es el consejo que da a los usuarios cuyos datos han sido apropiados por Google. En relación a este último caso de Google en cuanto a la falta de privacidad en sus prácticas, se hizo un argumento similar. Si la gente deja sus redes Wi-Fi sin protección, que no se sorprendan si una entidad corporativa los espía.

Mr. Schmidt ha preferido, esta vez, un acercamiento desde una perspectiva más legal. Desde su punto de vista, el tema no es que se haya recopilado datos privados si no el daño que se ha hecho. Como el apunta en sus comentarios al diario británico The Guardian, “nadie puede probar ningún daño (causado por estos datos). Si no hay daño no hay falta” es la línea de defensa de Google. Esperemos que Johannes Caspar, a la espera de la respuesta oficial de Google a sus muchas preguntas, no se deje influir por tales declaraciones de carácter general y mantenga presión sobre Google hasta que haya respuestas sobre los discos duros instalados en las furgonetas que recorren Alemania, y garantice que la evidencia no se destruya. Y si no lo hace, quizás habrá tiempo para las “sanciones disuasorias” de las que habla la Comisión Europea.

http://www.alexander-alvaro.de/topics/dokumentenart/anfragen

Auke Haagsma
ICOMP Director

Este conjunto con intereses tan dispares tiene al menos una cosa en común. Se centran fundamentalmente en Internet, el comercio electrónico y en cómo las búsquedas se han convertido en la puerta de acceso a Internet, y la publicidad en buscadores en uno de sus grandes puntos de apoyo. Ante todo, la atención se centra en el futuro, la innovación, las estrategias de inversión y en la forma de cumplir las expectativas de los consumidores y seguir siendo, a la vez, viables desde el punto de vista financiero.

Durante los últimos dos años las interdependencias entre este grupo de agentes son cada vez más evidentes. Nuestro conocimiento de la maravillosa y compleja criatura en la que se ha convertido Internet mejora con el tiempo, lo que nos ha permitido conectar ciertos puntos de una forma hasta ahora imposible. Al mismo tiempo, o quizá debido a estos cambios, se ha extendido la preocupación por los riesgos de monopolización y perjuicio al consumidor.

En el sector editorial, cientos de voces, entre las que se encuentran los gobiernos francés y alemán y el Departamento de Justicia estadounidense, se han alzado para expresar sus opiniones. Numerosas marcas y publicistas han puesto el grito en el cielo por las prácticas publicitarias que se están llevando a cabo en Internet, por considerarlas absolutamente inapropiadas. Los anunciantes online han visto cómo muchos medios de comunicación impresos han tenido que salirse del negocio y tienen verdaderos problemas a la hora de intentar hacerse un hueco en Internet y optar a una parte del pastel que se está creando en el entorno online. Las compañías telefónicas se preguntan si el actual monopolio en la búsqueda de banda ancha se extenderá a las plataformas móviles. Los competidores de los motores de búsqueda, como los servicios de mapas, los buscadores verticales y los servicios de empleo online viven cada vez con mayor incertidumbre, sin saber si van a apagarse finalmente las luces para ellos.

Muchas de estas empresas han expresado su preocupación en los foros de la industria y en la prensa. ICOMP, una organización que existe desde hace algo más de dos años, ha sido acusada por Google de estar detrás de la oleada de inquietudes acerca de sus prácticas y de ser la instigadora directa del gran número de quejas que están siendo examinadas por las autoridades competentes tanto en Europa como en otras partes del mundo. Google ha acusado a ICOMP de tener “un historial de falta de transparencia sobre sus motivaciones y actividades” y ha sugerido todos sus males sobre las quejas de antimonopolio se deben “al hecho de que es una empresa popular”.

Estas son graves afirmaciones que conducen a error. Solo pueden estar motivadas por la intención de desviar la atención de las preocupaciones reales y cada vez más generalizadas que existen tanto en Europa como en otras partes del mundo. Como los lectores de este blog y del sitio web que lo alberga saben, ICOMP se ha esforzado en todo momento por ser transparente en sus objetivos. El hecho de culpar al mensajero para evitar tener que lidiar con mensajes desagradables no es la forma de afrontar los serios problemas a los que se enfrenta actualmente el comercio electrónico. Es hora de dejar de hacer la guerra mediante ruedas de prensa y centrarse en los problemas reales.

David Wood
Asesor legal de ICOMP